El Gobierno oficializó el protocolo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se trata de un extenso texto de más de 100 páginas en el Boletín Oficial en el cual se explicaron los derechos y obligaciones de los pacientes, médicos e instituciones de la salud.
La ley sancionada el 30 de diciembre de 2020, permite la práctica del aborto legal hasta la semana 14 de gestación, inclusive sin explicitar los motivos de su decisión.
“Es una enorme conquista de las luchas de las mujeres y diversidades. No lo tenemos que naturalizar”, advirtió la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. La presentación se hizo en el marco del Día Global de Acción por la Salud de las Mujeres, y a 16 años del lanzamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
El protocolo publicado busca garantizar la privacidad de los pacientes y que el equipo de atención debe asegurar la creación y preservación de un ambiente de confianza e intimidad durante todo el proceso y no difundir la información solicitada y toda aquella que se consigne en la historia clínica.
En esa línea, como objetivo principal ofrecer una guía a los equipos de salud brindándoles un marco regulatorio y pautas clínicas para la atención precisa y clara que les permita desarrollar la interrupción del embarazo contemplado en el sistema normativo argentino, alcanzando los más altos estándares de atención.
Asegura que, debe asegurarse la capacitación a todo el personal de la institución para que conozca su responsabilidad de respetar la privacidad de las personas usuarias y mantener la confidencialidad de la información sobre la atención de la interrupción del embarazo.
Asimismo indica que todas las personas con capacidad de gestar, con y sin discapacidad, pueden tomar sus propias decisiones respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva.
Pasadas las 14 semanas de gestación, podrán solicitar la IVE aquellas personas cuyo embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante ante el personal de salud interviniente. También en aquellos casos donde estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.