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El Gobierno nacional, a través de Manuel Adorni, el vocero presidencial, comunicó hoy una serie de modificaciones en el sistema migratorio. En una rueda de prensa habitual, el portavoz expresó: “El propósito de estas nuevas medidas es avanzar hacia un país más ordenado, que resguarde sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Esta reforma es parte de ese objetivo”.
En esta línea, se permitirá a las universidades nacionales cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes, lo que “constituirá una nueva fuente de financiamiento para las instituciones educativas” -aseveró-. En cuanto a la atención médica, indicó que se eliminará la gratuidad para los extranjeros, estableciendo que las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno definirán las condiciones de acceso.
En ese sentido, destacó que en Salta, desde que se implementó esta medida, la atención a extranjeros disminuyó en un 95%, lo que generó un ahorro de 60 millones de pesos, además de mejorar el servicio para los ciudadanos argentinos residentes. “Nos despedimos de los conocidos tours sanitarios, que han sido tan comunes en el país”, agregó.
Por otro lado, funcionario reveló que se ampliará el catálogo de delitos que justificarán la prohibición de ingreso o la expulsión de inmigrantes, indicando que aquellos que sean detenidos en flagrancia o que cometan actos que afecten el sistema democrático serán expulsados y se les impedirá reingresar al país. También aseguró que no se permitirá la entrada de personas con documentos falsificados o con intenciones distintas a las que declaren durante el proceso migratorio.
Adorni también destacó que se establecerán penas de prisión para aquellos extranjeros que violen la prohibición de reingreso al país. “A lo largo de la historia, Argentina ha recibido a personas honestas y dispuestas a contribuir a la construcción de nuestra nación”, afirmó.
Finalmente, criticó la doctrina garantista, argumentando que ha causado graves problemas, y afirmó que aquellos que busquen causar daño a los ciudadanos argentinos deben quedarse fuera de las fronteras del país
