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El Poder Judicial de Córdoba dispuso una serie de acciones orientadas a garantizar el efectivo acceso a la Ley Brisa, que reconoce una reparación económica y cobertura de salud a hijos e hijas de víctimas de femicidios.
El objetivo es remover obstáculos y asegurar que los derechos se traduzcan en beneficios concretos mediante un trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de la Defensa Pública de Víctimas (UDV) y la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Ley Brisa
La ley, aprobada en 2018, establece una reparación económica mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo para hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio u homicidios en contextos de violencia de género.
Además el beneficio se extiende hasta los 21 años o de por vida en el caso de personas con discapacidad.
Resolución del MPF
El pasado 10 de septiembre se realizó una presentación de estas experiencias en un panel sobre la Ley Brisa en el que también participaron especialistas de Chubut y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En los casos de femicidios seguidos de suicidio, se dejaba a las familias sin acceso a una resolución judicial firme que permitiera acceder al beneficio.
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba dictó este año la Instrucción General n.º 02/2025, firmada por la fiscal adjunta Bettina Croppi, que “establece criterios uniformes de actuación y plazos para todas las fiscalías de instrucción, con el objetivo de estandarizar la gestión de estos casos, en los que la acción penal no puede continuar”, informó el sitio de la Justicia de Córdoba.
“La referida instrucción dispone que, en estos supuestos, se agilice el archivo de la causa, se incluya expresamente la referencia a la Ley Brisa y se notifique a los familiares o responsables de cuidado en lenguaje sencillo. También dispone capacitaciones específicas en la temática todo el personal del MPF”, precisó en un comunicado.
Croppi sostuvo que “históricamente, el Ministerio Público Fiscal ha tenido como norte la represión de delitos (…)” y que “el paradigma ha cambiado por un paradigma de respuesta y de servicio a la sociedad”.
“La sociedad nos exige como servidores públicos que somos una reparación integral y una respuesta integral. La víctima que durante tantísimos años ha estado invisibilizada en el proceso penal, progresivamente, ha adquirido el espacio que le es propio”, agregó.
Ministerio Público de la Defensa
El Ministerio Público de la Defensa dictó también la Instrucción General 02/2025, mediante la cual dispuso que todos los integrantes de las diversas defensorías públicas de la provincia, difundan y promuevan el acceso a los derechos de la ley.
“Entre las obligaciones que se imparten está la de informar de manera clara y sencilla a la persona beneficiaria o a su responsable, sobre la existencia del régimen y el mecanismo para poder acceder al mismo; asesorar sobre la documentación que le será requerida por ANSES y articular entre las diversas defensorías públicas, oficinas y equipos técnicos del MPD para su obtención rápida, estableciéndose la prioridad de atención”, detalló la Justicia de Córdoba .
También la Unidad de la Defensa Pública de Víctimas (UDV), dependiente del Ministerio Público de la Defensa, toma contacto y localiza a familiares de las víctimas para acompañarlos en los trámites ante la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Base de datos y articulación
La Oficina de la Mujer del TSJ de Córdoba aporta la información a partir de la identificación de las víctimas de femicidios que tienen hijos e hijas a cargo, en base a los datos informados al RNFJA y al observatorio de sentencias de femicidios de la Oficina de la Mujer de la CSJN.
Así el trabajo en conjunto entre el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de la Defensa Pública de Víctimas (UDV) y la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tiene como objetivo facilitar el acceso a los beneficios de la ley Brisa de los hijos e hijas de víctimas de femicidios.
