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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por tres jueces, dispuso el sobreseimiento de Roger Nores, de nacionalidad argentino-estadounidense, y de Esteban Grassi y Gilda Martin, ambos argentinos, que habían sido acusados de homicidio culposo en diciembre por una jueza de primera instancia. El primero acompañó a Liam Payne durante su estadía de varios días en Buenos Aires. En tanto, Grassi y Martin trabajaban como empleados en el hotel donde el artista se alojó y falleció el 16 de octubre cuando cayó al vacío desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel CasaSur.
Los argumentos
La defensa de Nores destacó que no tenía el rol de garante del cantante y, por tanto, no tenía la obligación jurídica, ética y social de cuidarlo, además de que se encontraba fuera del hotel en el momento de su fallecimiento.
Respecto a Martin, gerente y Grassi jefe de recepción del hotel, se encontraban en el vestíbulo cuando vieron al cantante británico y percibieron que se encontraba afectado por el supuesto consumo de drogas, según investigadores. Con la ayuda de terceras personas decidieron llevarlo a su habitación y el tribunal desechó las imputaciones en su contra, tras considerar que el staff actuó dentro de los protocolos establecidos y no se comprobó una omisión deliberada de asistencia.
El homicidio culposo, delito por el que estaban procesados, prevé una pena de uno a cinco años de prisión para quien por imprudencia o negligencia causara a otro la muerte.
Cómo sigue la causa
En tanto, el tribunal de apelaciones confirmó el procesamiento de Ezequiel David Pereyra, de 21 años y exempleado del mismo establecimiento hotelero, y Braian Paiz, quien conoció al cantante siendo camarero en un lujoso restaurante de la capital argentina, y dispuso que sigan bajo prisión preventiva “por el delito de entrega onerosa de estupefacientes” —en una ocasión horas antes de que muriera—, tal como dispuso la jueza de primera instancia Laura Bruniard a fines de 2024. El delito de provisión de drogas contempla una pena de cuatro a 15 años de prisión.
