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El femicidio es la mayor expresión de la violencia de género que, antes de llegar, se expresa de múltiples formas: a través del maltrato verbal, violencias simbólicas y hasta económicas. Mientras en los últimos años las mujeres ingresamos en un proceso de conciencia y cambios muy profundos, en muchos hombres se despertó una reacción adversa. Esa resistencia es, quizás, la causa de los miles de homicidios de mujeres. Es una reacción que, lenta pero firmemente, es necesaria derribar para alcanzar una sociedad igualitaria.
POR. Maria Ester Romero
Registro nacional de Femicidios desde el 1 de Enero al 16 de Marzo 2021 en Argentina
Por: El Observatorio Nacional de MuMaLá
CLAUDIO MAZUQUI, JUEZ DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE HUINCA RENANCÓ
El juez, Claudio Mazuqui, interviene en casos en los que mujeres acuden a la Justicia para pedir ayuda. A raíz de su función, el magistrado propone escuchar y creer a la víctima, y adoptar medidas urgentes para hacer cesar el hostigamiento.
¿Qué debilidades encuentra en el sistema?
La cuestión empieza desde lo cultural, por lo que se hace más complejo el abordaje de la violencia de género. Al estar instalado el patriarcado en la sociedad, se debe hacer una deconstrucción total desde el hombre, desde los distintos poderes del Estado, los funcionarios y los distintos organismos.
¿Cuáles son los cambios que deberían realizarse?
Los tres poderes del Estado están trabajando en la temática. Un ejemplo es la aplicación de la ley Micaela que obliga a los funcionarios a capacitarse en violencia de género. Pero no es suficiente. Son necesarios cambios en la forma de pensar y de ejecutar las políticas. En lo que respecta al Poder Judicial, es importante la inmediatez en la recepción de la denuncia, no dudar de la víctima, poner los ojos sobre el victimario. Los funcionarios judiciales debemos actuar en forma urgente, evitando la intermediación innecesaria de información. Eso permite adoptar las medidas preventivas acorde a la real situación de violencia que se comunica.
¿Qué se debe tener en cuenta para ordenar la detención del agresor?
En la Provincia de Córdoba, son las fiscalías de Violencia Familiar las que por ley pueden disponer las medidas coercitivas del denunciado/victimario. Al momento de la detención y/o fundamentación de una prisión preventiva, pueden justificar el riesgo procesal, esto es que el victimario eluda la acción de la justicia, entorpezca la investigación, influya sobre la víctima o testigos. Hay que tener en cuenta que, para hacer la denuncia, la víctima tuvo que salir del entorno en el que la agredían, y llegar a la policía a pedir ‘ayuda’. La ley de violencia familiar y género establece en el art. 20 que los funcionarios “DEBERÁN disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del grupo familiar”. Y, mientras dure la situación de detención, se debería comenzar con el abordaje interdisciplinario de la problemática y el tratamiento del agresor.
En los últimos tiempos hay un gran porcentaje de victimarios que son miembros de las fuerzas de seguridad.
Allí debería haber mayores controles psicosociales, tanto en el ingreso del personal como en el desarrollo de su actividad teniendo en cuenta que porta armas de fuego. También es necesario protocolizar el abordaje de las víctimas de violencia de género cuando son agredidas por algún funcionario, particularmente cuando agresor y víctima comparten el mismo lugar de trabajo.
¿Qué medidas son auspiciosas y no tendrían que cambiar?
La creación de Ministerios específicos de Mujer, Género y Diversidad, tanto a nivel nacional, como provincial, fue crucial, ya que a través de ellos se pudieron adoptar políticas públicas. La creación del Centro de Varones en situación de violencia dentro del Polo de la Mujer ha llevado a abordar la situación del agresor con muy buenos resultados. Las medidas de protección hacia las víctimas son urgentes y necesarias, se deben adaptar a las realidades de cada denuncia. En el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Huinca Renancó, se han adoptado medidas innovadoras, como la recepción de la denuncia por videoconferencia, sin que víctima se tenga que desplazar hacia la policía u otra dependencia. Desde 2016, en los casos extremos además de custodiar a la víctima, se ha ordenado custodia sobre el agresor hasta que deje de ser una amenaza para la víctima. Hay que continuar con la capacitación en ley Micaela y pensar con perspectiva de género.
CAROLINA BRANDARIZ, FUNCIONARIA NACIONAL
Carolina Brandariz es directora de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias, área dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Una de las asignaturas pendientes de las y los funcionarios que ocupan cargos en el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y en los organismos del Estado, es la capacitación con perspectiva de género. Conocer los derechos de las mujeres y respetarlos es el único modo de encauzar un cambio cultural necesario. Sobre este particular insiste Carolina Brandariz.
¿Cómo definirías este momento?
Es el mayor flagelo social que estamos viviendo y sensibiliza a la sociedad. Existe el suficiente consenso social como para corroerlo; sin embargo, hay resistencias. Es una problemática muy vinculada a los niveles de violencia que están naturalizados en la sociedad. El femicidio es la punta del iceberg, pero para llegar hasta ahí están naturalizadas todas las violencias que le dan sustento hasta llegar a la última, que es la apropiación de la vida de una mujer.
¿En muchos femicidios se registraron, antes, denuncias de las víctimas por violencia? ¿Cómo se puede mejorar la prevención?
Hay que profundizar la aplicación de la ley Micaela García (capacitación con perspectiva de género), fundamentalmente en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad, que son las más reticentes a trabajar con perspectiva de género. Hay que buscar también cuestiones de corto plazo que puedan ajustar las intervenciones de la Justicia para que cualquier denuncia sea tomada como un llamamiento de la víctima previa al femicidio. Muchas veces se toma una denuncia como si fuera un trámite y no es un trámite; es un llamado de atención de una situación que en un tiempo breve puede terminar en femicidio. Hay que transformar esta realidad. Es muy preocupante que una víctima tenga que llevar adelante un juicio penal y otro civil. No se pueden discutir perimetrales a la par de los alimentos. Que haya dos causas, revictimiza a la víctima. No habla de un abordaje integral de la Justicia. Se pueden ajustar muchas cosas a corto plazo. Mientras, en el mediano plazo seguir trabajando patrones culturales que coloquen a la mujer en pie de igualdad.
¿Hacia dónde apunta el Gobierno nacional en este tema?
Está en el centro de la agenda. Se trabaja para construir mesas interministeriales, provinciales y locales que permitan abordajes integrales. Los casos no se reducen a la ruta de riesgo vinculada a la denuncia. Hay otros estamentos del Estado que deben actuar para prevenir. Desde el Ministerio de Desarrollo Social lanzamos un conjunto de diplomaturas dedicadas al cuidado. Uno es la promoción del género que queremos trabajar especialmente en el NOA y NEA porque la tasa de femicidios es muy alta en esas regiones, con promotoras que puedan tener un rol preventivo. También es necesario que haya herramientas para la autonomía económica, a través del programa Potenciar Trabajo.
La policía recibe las denuncias y muchas veces en sus filas están los agresores. ¿Qué se puede cambiar?
Es fundamental la aplicación de la ley Micaela en las fuerzas de seguridad. Tienen que ser formados todos, pero en especial los que reciben las denuncias. Quizás sea mejor que sean mujeres las que lo hagan y que la atención sea concebida con la dimensión que debe tener.
